SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0461/2011-R

Es de nacionalidad brasilera y desde hace dieciocho años radica legalmente en el departamento de Pando, fruto de ello es que tuvo dos hijos bolivianos, tiempo durante el cual, se asentó en la comunidad 10 de Noviembre del municipio de Filadelfia, provincia Manuripi, cantón arroyo Grande. El 13 de agosto de 2009, su cuidador le informó que un fiscal, un juez y efectivos del Comando conjunto, procedieron a ejecutar una orden de desalojo contra su propiedad a consecuencia de un proceso cuya existencia desconocía; y a más de ejecutar la referida orden, tanto militares y las demás personas que desconocía, se quedaron en su propiedad “comiéndose sus animales”, refiriendo que los bienes que existían allá, habían sido nacionalizados, debido a una supuesta deuda que tuviera con el Estado boliviano por trabajar en ese lugar. Es así que con el objetivo de hacer prevalecer sus derechos en la vía legal, pidió al Fiscal de Materia, Vladimir Lazcano, le informe sobre el motivo de su intervención en el operativo, pero hasta la fecha no obtuvo respuesta, asimismo solicitó ante el Juzgado Agrario, fotocopias legalizadas del supuesto proceso de desalojo, que tampoco le fueron entregadas.

Indica que posteriormente, el 21 de ese mes y año, al promediar el medio día, un contingente de policías fuertemente armados, ingresaron a su domicilio y lo detuvieron, sin que exista motivo para ello; posteriormente, sin la existencia de una sentencia que acredite vulneración a normas en Bolivia o que hubiere ocasionado daños al sistema ecológico, la Dirección de Migración basada en esos fundamentos, emitió una Resolución donde resolvió su expulsión, por lo que inmediatamente, al promediar las 13:30 horas, lo sacaron del territorio boliviano, trasladándolo a la Policía Federal del Brasil, donde lo dejaron. Motivo por el que, a la fecha, no puede ingresar a Bolivia ni a sacar sus pertenencias.