SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0533/2011-R

Partiendo de la premisa que en el ámbito normativo, el debido proceso se manifiesta en una triple dimensión la Constitución Política del Estado vigente, en el marco de las tendencias actuales del Derecho Constitucional ha plasmado de manera expresa el reconocimiento del debido proceso; como derecho-garantía-principio, en beneficio del imputado o justiciable; sin embargo, esta triple dimensión, también protege y tutela a la víctima y/o querellante y que ha sido constitucionalizada en el actual orden constitucional en el art. 121.II, al  prescribir: "La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistido gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado" ; lo que se traduce de acuerdo a la triple dimensión del debido proceso que el ejercicio de sus derechos y garantías como víctima o querellante se hallan plenamente reconocidos por la Constitución Política del Estado; como  el acceso a la justicia,  la igualdad en el proceso, al juez natural en el entendido que el proceso que instaure en defensa del daño sufrido por el delito, sea tramitado por un juez competente, independiente e imparcial, asegurándole se le haga justicia, en forma pronta y oportuna, así como en el ámbito procedimental la autoridad jurisdiccional al emitir sus decisiones lo haga de manera motivada aplicando las disposiciones legales vigentes. Es así, que en caso de autos, al ser evidente que el Fiscal General de la República, al emitir la Resolución de Sobreseimiento, sustentándola en disposiciones legales derogadas, efectivamente, ha vulnerado el derecho y la garantía al debido proceso del accionante, lo que determina se conceda la tutela solicitada.