SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0669/2011-R

Carlos Montaño Alvarez, Fiscal de Materia codemandado, presente en audiencia, agregó al informe lo siguiente: a) Los hechos suscitados en Minero, corresponden a los delitos de daño material y atentado contra la libertad de expresión; sin embargo, los memoriales fueron presentados en la ciudad de Montero, lo que dificulta su tramitación, en razón a que ni la parte denunciante ni la denunciada, proporcionan los medios para ello; b) Es totalmente falso que se hubiera librado un mandamiento de allanamiento; c) No obstante que la familia del accionante estuvo presente en la audiencia señalada, Julio Suárez Sánchez no asistió por cuestiones de trabajo -constando la tarjeta marcada correspondiente-; por lo que se le esperó desde las tres hasta las cinco de la tarde y minutos después, recién presentó los certificados médicos que alude, tratando de justificar inútilmente su renuencia a colaborar con la investigación; d) Se conminó al accionante, a señalar su domicilio procesal a efectos de practicar las diligencias pertinentes, pero tampoco dio cumplimiento a esta advertencia; e) Se señaló la audiencia pendiente para las tres de la tarde del 30 de octubre de 2009, pero por faltar el dato indicado en el inciso anterior, Julio Suárez Sánchez no pudo ser notificado; y, f) La acción de libertad es improcedente, porque aún el Juez de la causa no se pronunció sobre el informe fiscal y el accionante no justificó su inasistencia debidamente.

En la dúplica, agregó que resulta evidente la mentira del accionante sobre la supuesta falta de notificación, que él mismo desmiente en su memorial de interposición de la acción tutelar; por otro lado, objetó que hubiera reputado de falsos los certificados médicos. Finalmente, alegó que no es función del notario expedir la documental aludida por el accionante, a más que también es falaz la inaccesibilidad del cuaderno procesal, pues la parte agraviada no se aproximó a revisar el expediente.