SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0769/2011-R

El accionante alega en lo central que las autoridades demandadas de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 70  de 1 de junio de 2009, declararon improbada la excepción de extinción de la acción penal, faltando a la verdad histórica de los hechos, con el argumento de que el accionante debió presentar la excepción de extinción en el juicio oral conjuntamente con las otras excepciones planteadas en ese momento procesal, sin considerar que la excepción puede ser planteada después de la Sentencia inclusive ante la Corte Suprema de Justicia; agrega que, de forma  deliberada, se indicó que el inicio del proceso comienza desde la acusación particular ante el Juez de Sentencia y no desde la denuncia de 10 de marzo de 2005, como acción pública convertida posteriormente a privada, además de que la dilación no fue atribuible a su persona.

         Ahora bien, previamente a ingresar al análisis del presente caso, debemos cerciorarnos si la acción de amparo constitucional planteada, cumple con los preceptos y requisitos que permitan abrir la posibilidad, por un lado, de la revisión del fondo de la problemática planteada y por otra -en su caso- al pronunciamiento constitucional de una resolución que se encuentre en el marco de la certeza y objetividad, efectivizando de esta forma el control constitucional concentrado que prima en el desarrollo de las funciones y fines de este Tribunal. 

         En tal virtud, del análisis del memorial de la acción de amparo constitucional, se evidencia que el accionante, en primera instancia, procede a desarrollar los antecedentes de los hechos; segundo, identifica tres agravios que supuestamente la Resolución ahora impugnada le ocasionaría; sin embargo de ello, al momento de exponer los referidos agravios, simplemente vuelve a hacer una relación de hechos sin ninguna fundamentación de causalidad con cada uno de los derechos alegados y como hubiesen sido lesionados.