SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0803/2011-R

En ese contexto, se concluye que la autoridad demandada prolongó indebidamente la detención de la accionante por más de cinco días, la que pudo ser resuelta en forma inmediata, de acuerdo a sus competencias, dentro del marco de prioridad y celeridad procesal, siendo condición esencial de la administración de justicia; la demandada, como ejecutora de resoluciones, si bien debe actuar con el celo profesional, en observancia estricta de las medidas de seguridad que su función amerita, empero, ello no implica que deba consumir más tiempo de lo necesario, para cumplir una orden, como es la ejecución del mandamiento de libertad y, ante cualquier duda esta debe hacer conocer a la autoridad que emitió dicho mandamiento en un plazo no mayor a veinticuatro horas, al no haber actuado de esa forma ha incurrido en una flagrante vulneración del derecho a la libertad de la representada de la accionante, al igual que la funcionaria policial, Pilar Quispe Ticona, quién se negó a recibir el certificado del REJAP, que no está dentro de sus competencias el rechazar o dudar de un documento público, lo que correspondía era registrar y pasar a conocimiento de la Gobernadora, actuaciones estas que ameritan se conceda la tutela solicitada.