SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1088/2011-R
Fecha: 16-Ago-2011
II.1.
II.1. De fs. 147 a 149 vta., cursa el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, de 20 de enero de 2010, celebrada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de Ramiro Javier Trivero Camacho contra Oscar Antonio León Gonzáles, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, falsedad material, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa; acto procesal, que concluyó con el pronunciamiento de la Resolución correspondiente de la misma fecha, a través de la cual, el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Cochabamba, dispuso que el imputado asuma defensa en libertad, bajo las restricciones previstas en los numerales 2 y 3 del art. 240 del CPP.
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.2.1. Ampliación de la acción
- a)
- “procedente”
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre las medidas cautelares de carácter personal y la competencia de los tribunales de alzada para pronunciarse sobre su aplicación
- no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la Resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas y, por consiguiente, aplicar la detención preventiva a el o los imputados; toda vez que, en estos casos, (…), los vocales deben precisar los elementos de convicción que le permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP
- III.1.1. Valoración de la prueba e interpretación de la legalidad ordinaria, facultades privativas de la jurisdicción ordinaria
- La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios,
- …1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y, 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional'
- III.2. Aplicación de los Fundamentos Jurídicos esgrimidos, a la problemática concreta
- ordenar la tutela
- REVOCAR