SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1088/2011-R
Fecha: 16-Ago-2011
II.3.
II.3. A su vez y por memorial también de 30 de enero de 2010, Oscar Antonio León Gonzáles formuló recurso de apelación contra la Resolución de 20 del mismo mes y año, alegando que la Resolución dictada por el Juez cautelar, adolecía de contradicción entre su parte considerativa y resolutiva; al afirmar por un lado, que no existían elementos suficientes para sostener que el imputado fuera con probabilidad autor o partícipe de la comisión de los delitos que se le atribuían, en consideración a que la documentación acompañada no demostraba de forma objetiva este extremo, sino que únicamente respaldaban apreciaciones subjetivas que no estaban debidamente acreditadas por la parte querellante; y, sin embargo de ello, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, no obstante que correspondía disponerse su libertad irrestricta (fs. 156 a 157).
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.2.1. Ampliación de la acción
- a)
- “procedente”
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre las medidas cautelares de carácter personal y la competencia de los tribunales de alzada para pronunciarse sobre su aplicación
- no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la Resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas y, por consiguiente, aplicar la detención preventiva a el o los imputados; toda vez que, en estos casos, (…), los vocales deben precisar los elementos de convicción que le permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP
- III.1.1. Valoración de la prueba e interpretación de la legalidad ordinaria, facultades privativas de la jurisdicción ordinaria
- La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios,
- …1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y, 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional'
- III.2. Aplicación de los Fundamentos Jurídicos esgrimidos, a la problemática concreta
- ordenar la tutela
- REVOCAR