SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1141/2011-R

En la etapa preparatoria se han delimitado rigurosamente las funciones de investigación del fiscal y las jurisdiccionales que corresponden al Juez de Instrucción; a todo esto, el Código de Procedimiento Penal (CPP) ha establecido que la Fiscalía y la Policía, actuarán siempre bajo control jurisdiccional, recogiendo el principio de que los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales, ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad, esto con el enfoque garantista para que no exista un Juez con poderes investigativos, es más bien, el Juez de Instrucción en lo Penal, encargado de controlar la legalidad de la investigación y de autorizar medidas limitativas de derechos fundamentales.   

En este sentido, la SC 0865/2003-R de 25 de junio, entre otras, señaló: “Conforme los arts. 54.1) y 279 CPP, el Juez de Instrucción tiene la atribución de ejercer control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación, respecto a la Fiscalía y a la Policía Nacional, por eso la misma norma legal en sus arts. 289 y 298 in fine obliga al Fiscal a dar aviso de la investigación dentro de las 24 horas de iniciada la misma; pues es el juez el encargado de precautelar que la fase de la investigación se desarrolle en correspondencia con el sistema de garantías reconocido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las normas del Código procesal penal; por ello, toda persona relacionada a una investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad” (las negrillas son nuestras).

Asimismo, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo entre otras, estableció que el juez cautelar quien, de acuerdo al art. 54.1 del CPP, tiene la función de ejercer; “el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código”; norma que se complementa con lo establecido en el art. 5 del CPP que establece que el imputado puede ejercer la defensa de sus derechos y garantías desde el primer momento del proceso. Conforme a dicha norma, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo concluyó que todo imputado que considere haber sufrido alguna lesión a sus derechos fundamentales y específicamente al derecho a la libertad, “…debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria…”, al considerar que dicha impugnación se constituye en un medio para reparar, de manera urgente, rápida y eficaz el derecho a la libertad, afirmación que evidentemente es cierta; pues el juez cautelar, como contralor de los derechos y garantías, está en la obligación de velar por la legalidad formal y material de la aprehensión, de oficio o a solicitud del imputado.