SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1170/2011-R

Resulta imprescindible puntualizar, que complementando el entendimiento asumido, la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, estableció una excepción a la regla descrita, en sentido que: “…Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: 'Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desaparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos'" (las negrillas nos pertenecen).

La jurisprudencia constitucional referida, es aplicable al caso de análisis, en el que la accionante denuncia que fue arrestada, privándole de su derecho a la libertad por más de una hora. Empero, la legalidad o ilegalidad de dicha privación de libertad, no puede ser examinada vía esta acción por habérsela interpuesto a momento que la misma había cesado, y no cuando persistía la lesión denunciada.

No siendo viable la excepción a la regla, al hallarse determinada para los casos en los que no le fue posible al impetrante de tutela, formular la presente garantía jurisdiccional, durante su privación de libertad; situación que podría considerarse en el caso, si la accionante hubiera cumplido la exigencia establecida, de formularla inmediatamente después. Y no como aconteció, por cuanto se advierte que, la supuesta privación ilegal de libertad data del 9 de junio de 2010; y, la presente acción de defensa, fue planteada recién el 18 de ese mes y año, nueve días posteriores al supuesto acto lesivo. Aspecto que -por los argumentos ampliamente desarrollados- inviabiliza su consideración por esta jurisdicción constitucional.