SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1231/2011-R

El apoderado de Edgar Rafael Bazán Ortega, Alcalde Municipal de Oruro, en audiencia expresó: a) Las Resoluciones emitidas por la Dirección Departamental y el Ministerio de Trabajo, carecen de legalidad procedimental, pues no detallan los nombres de los trabajadores beneficiados con su decisión, razón por la cual, al carecer de los requisitos mínimos de validez, estas fueron impugnadas a través de los recursos de revocatoria y jerárquico en sede administrativa para luego interponer demanda contencioso administrativa; b) El convenio en el cual basan su pretensión, en ningún momento reconoce la posibilidad de incorporación como trabajadores de planta, hecho refrendado por la Corte Suprema de Justicia; c) El máximo Órgano Judicial ha determinado la reincorporación de los trabajadoras despedidos de la empresa “Avance de Obra”, aplicando la multa correspondiente al caso; y, d) No es posible acreditar qué trabajadores efectivamente prestan servicios en la referida empresa para su incorporación al Gobierno Municipal de Oruro, porque no se sabe a ciencia cierta con qué antigüedad cuentan y cuáles las condiciones reales de su relación con la entidad de servicios, hechos absolutamente controvertidos y confusos que ameritan la intervención de los jueces laborales para su resolución.