SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1250/2011-R

El accionante a través de su abogado en representación de su mandante a tiempo de ratificar los términos de la acción tutelar planteada, en audiencia amplió lo siguiente: 1) A consecuencia de su retiro se vio privada de poder recibir su sueldo, los mismos que debían ser utilizados para el gasto de los exámenes médicos que le fueron solicitados por la enfermedad que venía atravesando su esposo; y, 2) Pese a ser Miembro de la Carrera Docente del Servicio Nacional de Educación, estar inscrita en el escalafón nacional por el que gozaba de inamovilidad funcionaria, fue objeto de despido sin respetar la garantía al debido proceso como el art. 96.III de la CPE.

Por otro lado, en lo referente a las medidas de hecho como una excepción al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, es necesario señalar que deben concurrir ciertos requisitos para su consideración; en ese sentido la SC 0148/2010-R de 17 de mayo, ha establecido que: “1) Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional. 2) Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas. 3) El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos. 4) En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusive” (las negrillas son nuestras).