SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1287/2011-R

En el marco del Fundamento Jurídico que precede, se infiere que Robustiano Morales Rodríguez, carece de legitimación activa para solicitar la tutela de su derecho a la petición, al no haber suscrito el memorial de 23 de julio de 2009, cuya respuesta exige a la autoridad demandada a través de la presentación de esta garantía constitucional; condición fáctica que no justifica su titularidad sobre el citado derecho fundamental enunciado como vulnerado. Similar afirmación resulta en relación a sus representados Felipe Calustro y Medardo Delgado Sánchez, quienes tampoco figuran como firmantes del documento en cuestión, concluyéndose -del mismo modo- que también carecen de legitimación activa para interponer la presente acción de amparo.

En el mismo análisis, en relación a los corepresentados del accionante -Sarah Pilar Chávez Bustillos, Celia Calustro de Álvarez, Virginia Quispe Aruquipa, Flora Almanza de Flores y Julia Aruquipa Yana-, sí es conducente el pronunciamiento de este Tribunal en relación a su derecho a la petición presuntamente conculcado, asumiendo el interés particular en procura de su resguardo y su titularidad sobre el indicado bien jurídico, de modo que afirman la legitimación activa necesaria para interponer la presente acción. Ameritando recalcar que, en relación a los otros tres firmantes del memorial de 23 de julio de 2009 -Jorge Horacio Calustro Cardozo, Sonia Camacho Luizaga y Dolores Vásquez de Higuera-, de quienes se involucraría el precitado derecho, esta circunstancia no configura óbice alguno para resolver lo demandado en esta acción por los representados del accionante con legitimación activa; infiriéndose que, los hechos denunciados respecto a la dilación en emitir respuesta al memorial en cuestión, no conculcó el interés particular de estas tres últimas personas citadas, entendiéndose que no obstante de ser titulares del derecho fundamental a la petición, no manifestaron que éste se les hubiera lesionado al no constituirse en parte accionante, de modo que la concesión o denegatoria de la tutela constitucional pretendida, no implica detrimento en su contra.