SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1399/2011-R

Concordante con esta exigencia, el art. 97.V de la LTC, complementa el requisito a observar para la presentación de esta acción de defensa, al referir que debe adjuntarse la prueba pertinente; es decir, la que respalde el contenido de su problemática y pretensión constitucional, así señala la SC 2437/2010-R de 19 de noviembre: “En ese orden, si se toma en cuenta que los Tribunales, tanto de garantías como de revisión, otorgan la tutela en caso de ser cierta y efectiva la demanda o lesión de derechos denunciados, significa que el o los accionantes para acusar un acto ilegal lesivo de derechos fundamentales que se encuentren bajo la protección del amparo, es ineludible que aporte pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario, no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se considera vulnerado, y en esas circunstancias, no es posible otorgar la tutela…” (las negrillas son nuestras).