SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1730/2012

La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, establece que: “La acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos y omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”, entendiéndola de carácter extraordinario, conforme a la doctrina constitucional, puesto que presta protección inmediata contra aquellos actos ilegales y omisiones indebidas de autoridades o particulares que lesionen derechos fundamentales, siempre que no exista otro recurso o vía legal para demandar su respeto, tal como lo determina el art. 129.I de la citada norma constitucional, entendiéndose a partir de ello su carácter subsidiario; sin embargo, en relación a la excepción al principio de subsidiariedad indicó: “…si bien la acción de amparo constitucional, ha sido instituido como una acción extraordinaria que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, siempre que no exista otro recurso o vía legal para demandar el respeto de esos derechos, -infiriéndose de ello el carácter subsidiario de esta acción tutelar-; sin embargo, la doctrina constitucional ha establecido que de manera excepcional procede la tutela directa e inmediata, aún prescindiéndose de la referida naturaleza subsidiaria del amparo, cuando se advierta que existe una evidente lesión al derecho invocado, daño irreparable que determinaría que la protección resulte ineficaz por tardía, al tratarse de medidas de hechos cometidas por autoridades públicas o por particulares'” (SC 0864/2011-R de 6 de junio).

Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0421/2012 de 22 de junio, haciendo suyo el razonamiento difundido por la SC 0832/2005-R de 25 de julio, señaló que: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias“.