AUTO CONSTITUCIONAL 0164/2012-RCA-SL

El art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales           o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual            o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; por su parte, el art. 129.I de la Ley Fundamental, prevé que esta acción “…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos y amenazados” (las negrillas son agregadas).

           La acción de amparo constitucional, tiene por objeto la protección inmediata y eficaz de los derechos y garantías constitucionales, reponiéndolos en aquellos casos en los que sean amenazados, suprimidos o restringidos, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Constituyéndose, así es un mecanismo jurisdiccional de protección de derechos y garantías fundamentales, su tramitación sumarísima; por consiguiente, es protección inmediata, libre de aplazamientos que puedan afectar su prosecución y sustanciación de forma pronta y oportuna.