SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2087/2012
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2087/2012

Fecha: 08-Nov-2012

indicios de responsabilidad administrativa, más aún si ha recomendado su procesamiento, concluyéndose que en los hechos ha quedado viciada su objetividad e imparcialidad, convirtiéndose en juez y parte, dando lugar a una defensa inefectiva, en razón a que su criterio ya fue conocido de antemano

La demandada Margarita Cuz Coraite, efectivamente ha pronunciado criterio por anticipado dentro del proceso administrativo instaurado contra Wilson Iriarte Escobar respecto a su culpabilidad, por cuanto ha emitido el informe legal 022/2011 de 8 de agosto, en su calidad de asesora legal de EMSA, estableciendo que se encontraron indicios de responsabilidad administrativa, más aún si ha recomendado su procesamiento, concluyéndose que en los hechos ha quedado viciada su objetividad e imparcialidad, convirtiéndose en juez y parte, dando lugar a una defensa inefectiva, en razón a que su criterio ya fue conocido de antemano.

Wilson Iriarte Escobar debió ser procesado por una Autoridad sumariante  exenta de cualquier criterio previo, debiendo aplicarse el procedimiento contenido en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante DS 23318-A, modificado por los DS 26237, permitiéndole acceder a un proceso que no se encuentre contaminado por preconceptos, dentro del cual se puedan apreciar libremente las pruebas de descargo respetando la presunción de inocencia que debería acompañar el proceso en todas sus instancias.

Por otra parte, Alberto Narváez Acuña, Gerente General a.i.  de EMSA al haber designado a Margarita Cruz Coraite como Autoridad sumariante y luego haber emitido la RA 001/2012 de 5 de enero, ha validado la imparcial Resolución sumarial 001/2011 de 6 de septiembre, cuando se hallaba obligado a enmendar las distorsiones surgidas en la sustanciación del proceso sumario anulando la Resolución final del sumario administrativo, consecuentemente también ha vulnerado los derechos al trabajo, a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso invocados por el accionante.