SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2146/2012

Asimismo, la SC 0254/2006-R de 22 de marzo, dejó establecido que: “…para declarar la improcedencia de un recurso de amparo constitucional por esa causal, no es suficiente una actuación implícita, dado que el consentimiento expreso importa un acto positivo, concreto, libre e inequívoco, vinculado de manera directa a la actuación ilegal impugnada; en otras palabras, la manifestación de la voluntad debe demostrar, de manera indubitable, el consentimiento a la amenaza o lesión a algún derecho fundamental” (las negrillas fueron agregadas).

“En ese contexto, no se activa la protección que brinda el amparo constitucional cuando el titular de un derecho, a tiempo de ser agraviado en sus derechos o garantías constitucionales, consiente de forma libre y expresa el acto constitutivo de la lesión de sus derechos, a cuyo efecto conforme señaló la jurisprudencia anotada, debe entenderse objetivamente, como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular, que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente, que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, la restricción o la supresión a sus derechos y garantías fundamentales …” (SC 1646/2011-R de 21 de octubre).

Igualmente, es preciso recalcar que la causal de improcedencia prevista en el art. 74.2 de la LTCP, exige que los supuestos actos ilegales hayan sido asumidos por la parte afectada de manera libre y expresa; es decir, que la voluntad de haber asumido el acto ilegal, no debe ser a emergencia de haber sido coartado su derecho al libre desarrollo de la personalidad y ser la consecuencia de haberse ejercido presión física o psicológica en la persona, manifestación de voluntad que además debe ser inequívoca, a través de expresiones que hagan conocer que se consiente con el acto reclamado; en este entendido, “…La excepción prevista en la citada norma, tiene su fundamento en el respeto al libre desarrollo de la personalidad, lo que significa que toda persona puede hacer lo que desee en su vida y con su vida sin que la Sociedad o el Estado puedan realizar intromisiones indebidas en dicha vida privada; pues se entiende que toda persona tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas, por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o, en su caso, de consentir el hecho..." (SC 0763/2003-R de 6 de junio).