SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2272/2012

Ahora bien, el ámbito de acción del juicio de conocimiento, se desenvuelve fundamentalmente en cuestiones inherentes a lo resuelto en sentencia; de modo que, a través de este nuevo proceso, que resulta ser la continuación del ejecutivo, será posible verificar aspectos que la jurisprudencia ya fijó con claridad; así la SC 0264/2011-R de 29 de marzo precisó: “El proceso ordinario emergente de esa instancia tiene como objeto esencial examinar el cumplimiento de los requisitos del primero, o sea, la competencia del juez, si la demanda se sustenta en una obligación de plazo vencido; y sobre todo la calidad del título ejecutivo, que por supuesto debe ser idóneo. También revisará la legitimación de las partes, las excepciones planteadas y su resolución, para concluir en las resoluciones asumidas por el órgano jurisdiccional, incluida la sentencia puntualizando en los aspectos de fondo y de forma. No obstante, en la tramitación de un proceso ejecutivo -como en cualquier otro- suelen alegarse vulneraciones a derechos fundamentales, como el debido proceso que en un ordinario no puede restituirse, siendo factible hacerlo directamente mediante la tutela que brinda esta acción, sin necesidad de recurrir a la aplicación del art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal y Civil de Asistencia Familiar (LAPCAF)” (las negrillas nos pertenecen).