SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2474/2012

           La Constitución Política del Estado, instituye al debido proceso, en su  triple dimensión; comprendido como un derecho fundamental, un principio procesal y una garantía en la administración de la justicia; el segundo entendimiento se refiere a que debe garantizarse un debido procesamiento y cumplir los actos procesales, así tenemos que la comunicación o citación debe ser en forma legal; es decir, cumpliendo requisitos de forma y de fondo en la diligencia de notificación. Así, la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0427/2012 de 22 de junio, que hace referencia a la SC 2264/2010-R de 19 de noviembre, señaló que: “…Entendido el debido proceso como '…un instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, lo que implica que la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: Como derecho fundamental de los justiciables, como un principio procesal y como una garantía de la administración de justicia…'.

           El art. 115.II de la Norma Suprema, garantiza el ejercicio y la vigencia plena del debido proceso; de manera que, considerando la enorme importancia de este instituto jurídico, es viable tutelar a través de las diferentes acciones de defensa. Concretamente, la acción de libertad tiene vocación de proteger en situaciones específicas; únicamente cuando, como resultado de la conculcación del debido proceso, el agraviado se encuentre en total estado de indefensión y dicha lesión sea la causal directa para la privación de libertad. En ese orden de ideas, la jurisprudencia desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, entre otras, por la SC 0577/2010-R de 12 julio, puntualizó: 'Respecto a las lesiones al debido proceso la jurisprudencia constitucional ha sido reiterada y uniforme al señalar que la protección que brinda el hábeas corpus, ahora acción de libertad, no comprende todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa directa para su restricción o supresión, quedando los demás supuestos bajo la protección del recurso de amparo constitucional, hoy acción de amparo constitucional…'.