Considerando que una denuncia taxativa realizada por la parte accionante versa sobre el tema de “usurpación de competencias”, es evidente que éste tópico se encuentra dentro del ámbito de tutela del Recurso Directo de Nulidad de acuerdo a la SC 0099/

Tal como se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente disidencia, el Recurso Directo de Nulidad, protege la garantía de la competencia contra actos o resoluciones concretos, pronunciados en usurpación de competencias, premisa a partir de la cual, se establece que la acción de amparo constitucional, es un mecanismo tutelar destinado a resguardar y en su caso restituir derechos fundamentales no tutelados por otros medios de defensa, por cuanto, al estar la garantía de la competencia resguardada por un medio de defensa específico, este presupuesto del derecho al debido proceso, no se encuentra tutelado por la acción de amparo constitucional, debiendo en este caso, activarse el Recurso Directo de Nulidad.

Ahora bien, en el Fundamento Jurídico 2 de esta disidencia, se señaló también que en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, el principio pro-actione, en casos de manifiestas, irreversibles y groseras vulneraciones a derechos fundamentales, asegura la prevalencia de la justicia material en relación a la justicia formal, por tanto, merced a esta pauta con génesis directa en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de la labor de ponderación de derechos, la justicia como valor rector del orden constitucional, inclina la balanza para la tutela de derechos fundamentales que en caso de no flexibilizarse los procedimientos establecidos consolidarían un atentando al Estado Constitucional de Derecho, por ser irreversibles los efectos de la vulneración a derechos.

En el orden de ideas desarrollado, puede colegirse que toda denuncia referente a usurpación de competencias, debe ser objeto de control de constitucionalidad a través del Recurso Directo de Nulidad; sin embargo, frente a una grosera, irreversible y manifiesta lesión a la garantía de competencia, las formalidades o presupuestos procesales para la activación del control de constitucionalidad, deben flexibilizarse, por cuanto este aspecto de manera excepcional podrá aperturarse a través de la acción de amparo constitucional para evitar así un grave e irreparable atentado a la garantía de la competencia y por ende a las reglas del debido proceso.