SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0368/2012
Fecha: 22-Jun-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La accionante mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2012, cursante de fs. 1 a 4, sostiene que dentro del proceso penal contra su persona, por la presunta comisión del delito de robo, el Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del departamento La Paz mediante Resolución 566/09 de 17 de diciembre de 2009, le impuso la medida cautelar de detención preventiva; por lo que, se encuentra recluida en el recinto penitenciario del (Centro de Orientación Femenina) COF Obrajes La Paz durante veintiséis meses, sin que hasta la fecha se hubiera dictado resolución alguna.
Señala que el 31 de enero de 2012, pidió cesación a su detención preventiva, sin que desde esa fecha se hubiera realizado la audiencia, ya que fue suspendida en dos ocasiones, por recusaciones consecutivas de la apoderada de la supuesta víctima, Aurora Rivas, situación que obstaculizó y dilató su petición; por lo que, denuncia la intensión maliciosa y la mala praxis de la parte contraria, actitud que es ratificada y reforzada por la ahora autoridad judicial demandada ya que al ser la única Jueza Técnica, del Tribunal Primero de Sentencia Penal, debió convocar al siguiente en número con la única finalidad de conocer y resolver su solicitud; empero, existe dilación de más de tres semanas y aunque se presente recusación no puede dilatarse o suspenderse una petición de cesación de detención preventiva.
Por otra parte, refiere que la detención preventiva, no tiene la finalidad de “condena prematura” por cuanto la presunción de inocencia sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada. Asimismo manifiesta que “toda autoridad jurisdiccional, que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitarse con la mayor celeridad posible, dentro de los plazos razonables, si están fijados, sino está establecido por ley”, de lo contrario tal actuación procesal provocaría dilación sobre los derechos del detenido y con repercusión en su libertad.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- deniegue
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- 3) Los principios ético-morales de la sociedad plural
- Los principios ético-morales, antes de ser incorporados a la Constitución, tenían valor únicamente para el Derecho Indígena, es decir, eran estimados como valiosos por la cultura y el Derecho de las naciones y pueblos indígena originario, campesinos. Después de efectuada su incorporación en el texto constitucional tienen valor de derecho, es decir se convierten en normas y, por tanto, comparten la eficacia jurídica de la propia Constitución, es decir, tienen carácter normativo, lo que implica que no son meras declaraciones retóricas, por lo mismo, imponen a todos, esto es, al poder público y los particulares en la convivencia social, con mayor razón a todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones, la obligación de observarlos, desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria cotidiana.
- 4.2. El principio de respeto a los derechos,
- III.2.
- ¿La inobservancia del trámite y plazos previstos en el art. 320 del CPP para resolver una recusación contra uno de los jueces técnicos, por parte de las autoridades judiciales competentes, tiene un nexo de causalidad, con la dilación de una solicitud de cesación a la detención preventiva presentada en esta etapa del proceso penal?
- De lo señalado se tiene que el trámite y los plazos procesales que rigen los incidentes de recusación en materia procesal penal -regulados en la disposición prevista en el art. 320 del CPP, que fue interpretada por la jurisprudencia constitucional (SC 0054/2005 de 12 de septiembre) y que encuentra plena coherencia con el art. 68 de la Ley del Órgano Judicial- deben ser observados correctamente por las autoridades judiciales competentes que dirigen y resuelven estas solicitudes de recusación, debido a que se trata de un procedimiento sencillo y sumarísimo, de ahí que su inobservancia, a más de quebrantar esa naturaleza sumaria, cuando en esta etapa del proceso penal se presentan peticiones vinculadas a la libertad personal, como por ejemplo de cesación a la detención preventiva, ocasiona a su vez dilación en la tramitación, resolución y efectivización de las decisiones judiciales vinculadas a la libertad personal, debido a su relación causal.
- remitieron obrados a la Corte Superior del Distrito, dilatando así el trámite no sólo de la recusación sino también el de la solicitud de cesación de medida cautelar y por ende su efectividad,
- III.3. El caso de examen
- i)
- ii)
- sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ha evidenciado en las pruebas remitidas a su conocimiento que los obrados del trámite de recusación ante el Tribunal siguiente en número (Tribunal Segundo de Sentencia Penal), fueron remitidos recién el 29 de febrero de 2012 y no de mutuo propio sino en mérito al cumplimiento de la Resolución 13/2012 de 23 de febrero, pronunciada por la Sala Penal Segunda, que fungió como Tribunal de garantías en la presente acción de libertad, que fue pronunciada debido al memorial de 28 de febrero de 2012, en el que la ahora accionante denunció incumplimiento de órdenes constitucionales.