SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0528/2012

           Este razonamiento fue perfeccionado y asumido por el entonces Tribunal Constitucional en la SC 0895/2010-R de 10 de agosto, donde se señala: “La protección que brinda la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus- en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción; en los demás casos, las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del amparo constitucional, como medio idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones invocadas, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, hoy acción de libertad y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso, por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional…” (las negrillas nos corresponden). En ese mismo sentido, las SSCC    0024/2001-R, 1865/2004-R y 0008/2010-R, entre otras.

           De la jurisprudencia citada se concluye que la privación de la libertad física debe necesariamente ser la consecuencia directa de la lesión del debido proceso, a ello se suma que dicha vulneración debe posicionar al imputado en un absoluto estado de indefensión, siendo ambos requisitos concurrentes para activar la jurisdicción constitucional; de no ser así, el agraviado tiene la vía expedita para acudir a la justicia constitucional a través de otras acciones, previo agotamiento de los medios ordinarios.