SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0597/2012
Fecha: 20-Jul-2012
“improcedencia”
Concluida la audiencia, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 26 de 26 de febrero de 2010, cursante de fs. 161 a 164 vta., por la que declaró la “improcedencia” de la acción de amparo constitucional, por falta de legitimación pasiva, respecto a los demandados Glover Algarañaz Toledo, María Magdalena Algarañaz de Añez, Julia Prado de Peralta y Helen Cuellar Salas y la concedió con relación a Josefina Ardaya Porcel, Ruperto Herrera Paredes, Richard Román Moreno, Sixto Saucedo Sánchez, Romuel Espinoza López, Javier Oliva, Arturo Moreno Ortiz y Katherine Menina Ortiz, disponiendo la inmediata desocupación de todos los terrenos ocupados arbitrariamente por los demandados y otras personas que se encuentren en el mismo, debiendo librarse mandamiento de desapoderamiento a ejecutarse por el Oficial de Diligencias, con el auxilio de la fuerza pública, sea contra cualquier persona que se encuentre ocupando los terrenos de propiedad del accionante, debiendo la autoridad policial garantizar la efectividad del desapoderamiento por quince días, evitando que los avasalladores vuelvan a ocupar el terreno, con responsabilidad a calificarse después de la revisión a efectuarse por el Tribunal Constitucional.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- 1)
- I.2.2. Informe de los particulares demandados
- “improcedencia”
- i)
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional.
- III.2. Requisitos de admisión de la acción de amparo constitucional y la carga de la prueba ante medidas de hecho
- el recurrente o agraviado al interponer su recurso debe acreditar y demostrar la existencia del acto u omisión denunciados de ilegales y además de ello, también debe demostrar que quien cometió esos actos u omisiones es el particular o la autoridad contra quien recurre de amparo constitucional, de esa forma la determinación del Tribunal obedecerá a la certidumbre de que efectivamente se habría vulnerado o amenazado un derecho fundamental, caso contrario, es decir de no presentar el recurrente prueba suficiente que demuestre la existencia del acto lesivo, no se podría conceder la tutela pues se estaría ante un hecho no probado que impide verificar la existencia de lesión a un derecho.
- es necesaria cuando existe necesidad de demostrar los hechos denunciados, porque la otra parte no los acepta o los niega, existiendo en consecuencia divergencia sobre los hechos denunciados; empero,
- tendrán que concurrir los dos aspectos: a) La imposibilidad de obtener y presentar la prueba correspondiente y, b) La aceptación de los hechos acusados o la no desvirtuación de los mismos por parte de los demandados
- III.3. Sobre los requisitos de necesaria concurrencia para conceder la tutela provisional ante medidas de hecho
- III.4. Análisis del caso concreto
- III.5. En cuanto a la terminología a ser utilizada en acciones de amparo constitucional