SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0686/2012
Fecha: 02-Ago-2012
enajenó
En el caso de examen, a través del art. 1 del Decreto Supremo ahora impugnado, el Órgano Ejecutivo enajenó a favor de un particular una superficie de terreno de propiedad del Estado Boliviano, durante el Gobierno de facto de David Padilla Arancibia; violando el principio fundamental de división de poderes, por cuanto, el entonces Poder Ejecutivo, arrogándose una potestad no asignada por la Constitución Política del Estado, invadió competencias del Órgano Legislativo, cuando de acuerdo al principio señalado, las funciones previstas para cada uno de los órganos del poder público no pueden reunirse en uno solo, ni son delegables y solamente podrán ejercer las potestades que son de su competencia. Resulta claro entonces, que el Poder Ejecutivo al autorizar la transferencia a título gratuito de un bien inmueble de dominio público, invadió atribuciones que están reservadas al Órgano Legislativo y no respetó el principio de separación de poderes, principio considerado como valor informador dentro del ordenamiento jurídico, y aplicable en cualquier tiempo, ya que si bien conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3., el test de constitucionalidad debe efectuarse con la Constitución vigente, dicho principio se encontraba previsto a momento de la emisión del Decreto Supremo impugnado.
Asimismo, se ha desconocido el principio fundamental de la soberanía popular, reconocido como la pertenencia del poder al pueblo, principio que se encuentra previsto en el art. 7 de la CPE y que señala el origen de la delegación de las funciones y atribuciones a los órganos del poder público, que es inalienable e imprescriptible.
Consecuentemente, el art. 1 del DS 16425, al efectuar un acto de disposición sobre un bien del Estado, cuando la única facultada para ello de conformidad al art. 158.I.13 de la CPE, es la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes Poder Legislativo, desconoce los principios fundamentales de separación de funciones y de soberanía popular; consiguientemente, dicha norma en su origen es incompatible con las normas previstas por los arts. 7, 12 y 158.I.13 de la CPE, por lo tanto inconstitucional.
- acción de inconstitucionalidad concreta
- I.1.1. Relación sintética de la acción
- rechazó
- a)
- “ARTÍCULO 1º.-
- II.3.
- II.5.
- Artículo 2º.-
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Aplicación de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en la tramitación de la presente acción de inconstitucionalidad concreta
- control de la constitucionalidad
- 1.
- Fragmento 13
- III.3.
- test de constitucionalidad debe ser realizado con la Constitución Política del Estado vigente, así se trate de normas jurídicas o resoluciones de contenido normativo dictadas con anterioridad a su vigencia, es decir nacidas a la vida jurídica bajo el anterior régimen constitucional
- se debe aclarar enseguida, que el presente se trata de caso de inconstitucionalidad sobreviniente, en el que se debe analizar la constitucionalidad de una norma promulgada con anterioridad a la vigencia de la actual Constitución, para establecer si es o no compatible con ésta, (…), sino que debe serlo a la luz de de la Constitución vigente'
- III.4.
- III.4.1. El principio de separación de funciones
- implica la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder, de manera que esa distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder, el que sólo podrá ejercer las potestades que forman parte de su competencia.
- como ya ha sido explicado, la separación de funciones es un instrumento específicamente concebido como mecanismo para impedir una concentración de poder que genere su abuso o su ejercicio anómico e ilimitado; por ello, la división primaria es la concebida por las normas del art. 7 de la CPE, que declara la reserva de la soberanía por parte del pueblo para ejercerla de modo directo, por medio de las vías constitutivas de su voluntad primigenia, esto es la función constituyente
- En consonancia con la arquitectura constitucional armonizada precedentemente, los órganos del Estado
- III.4.2. Sobre el debido proceso
- un proceso justo
- por la forma, en este último caso, el control de constitucionalidad, consiste en efectuar un análisis desde el origen de la norma, si el órgano emisor es competente para emitir la ley, si se imprimió el procedimiento legislativo previsto por la Constitución Política del Estado para la formación de una ley, sea desde su elaboración, aprobación, promulgación y publicación.
- En el primer caso, cuando en su elaboración y aprobación no se han cumplido ni respetado los procedimientos establecidos por el texto constitucional para tal efecto o se las ha elaborado y aprobado en una instancia o por autoridad no establecida por la Constitución para tal efecto
- III.6.
- III.6.1.
- III.6.2.
- soberanía popular
- separación de funciones
- de los poderes públicos, en las decisiones que los afectan, el pluralismo étnico y cultural, y, en general, la soberanía del pueblo
- aprobar la enajenación de los bienes de dominio público del Estado
- enajenó
- III.6.3.
- III.6.4.