SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0984/2012

La Constitución Política del Estado, en su art. 129.II, señala al principio de inmediatez el cual rige la acción de amparo constitucional, en su doble dimensión, el primero respecto a la protección inmediata y oportuna que esta acción tutelar otorga cuando se evidencie la vulneración de un derecho fundamental y el segundo referido a la caducidad o término indefectible de presentación de ésta acción tutelar, el mismo que deberá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial.

           1773/2004-R de 11 de noviembre, determinó, lo siguiente: ”…es preciso  aclarar que el principio de inmediatez del amparo constitucional tiene un doble efecto, el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al derecho fundamental restringido o suprimido de manera ilegal o indebida, y, el segundo, negativo está referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado deberá presentar el recurso de manera inmediata, máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte recurrente hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos…”.