SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1241/2012

         La SC 1667/2010-R de 25 de octubre, señaló: “El principio de presunción de inocencia, como se tiene dicho, es la vertiente procesal del principio de culpabilidad, y está expresamente consagrado como garantía en el art. 16.I de la CPE. También se encuentra previsto, como derecho, en el art. 14. 2 del PIDCP, que establece que: 'Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley', y en el art. 8.2 de la CADH que determina que 'Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad'.

         El principio de presunción de inocencia también se aplica en el ámbito administrativo sancionador, conforme lo determina la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) en el art. 74: 'En concordancia con la prescripción constitucional se presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo'…

En ese entendido, para que la administración imponga una sanción administrativa, debe haber destruido la presunción de inocencia, demostrándose, en consecuencia, la culpabilidad de la persona; sin embargo, aquí se presentan problemas con el principio de legalidad y presunción de legitimidad de las actuaciones de la administración pública, previsto en el art. 4 inc. g) de la LPA y con la presunción de validez y eficacia de los actos de la administración pública, prevista en el art. 32 de la LPA, norma que determina que 'I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido'. ¿Cómo hacer compatibles, ambas presunciones con la garantía constitucional de la presunción de inocencia? Si los actos de la administración se presumen legítimos y válidos, entonces, no puede existir presunción de inocencia, sino de culpabilidad respecto al administrado, debido a que se presume que es cierto lo afirmado por la Administración y, concretamente, el acto administrativo sancionador. Bajo esa misma lógica, ¿Cómo efectivizar el contenido del principio de presunción de inocencia respecto a que la carga de la prueba corresponde al acusador?. Si los actos administrativos se presumen válidos, todas las actas, constataciones, declaraciones, practicadas por la administración, determinan que sea el ciudadano quien tenga que probar su inocencia, lo que ciertamente iría contra el principio de presunción de inocencia”.