SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1312/2012

Suscribió dos compromisos de compraventa de lote de terreno, con Enrique Moreno (propietario). Pero después de aproximadamente seis años, canceló el valor total del inmueble, regularizando su derecho propietario, mediante reconocimiento de firmas; sin embargo, cuando se encontraba en su trabajo, recibió una llamada telefónica de su esposa, indicándole que se apersone a la Policía Boliviana, ya que un grupo de personas del asentamiento denominado “26 de agosto” de la zona Las Barrancas, armados con piedras, palos, dinamitas y petardos, -gritando fuera los intrusos-, destruyeron el alambrado de su propiedad, ingresando a su inmueble de manera violenta; además, amenazando de muerte a su familia.

Una vez constituido en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), observó que no estaban trabajando; posteriormente, se dirigió a su domicilio junto a un amigo de trabajo; empero, al llegar a su domicilio, fue rodeado por personas de ese asentamiento, quienes llamaron a Hilarión Cardozo, Cristian Delgado y Ciriaco Quispe, mismos que salieron de la casa del accionante, y le dijeron que no se haga al fuerte “que si quiero a mi familia, que me vaya de calladito” (sic), dándole un plazo de tres días para que abandone su inmueble. De nada sirvieron las súplicas, porque la decisión había sido tomada en la asamblea del “asentamiento 26 de agosto” y tenía que desocupar la casa, pese a que la había adquirido a título de compraventa. En consecuencia, desesperado recurrió al dueño anterior del inmueble vía celular, pero nunca respondió a sus llamadas, deduciendo que estaría a favor de los avasalladores.

La acción de hecho, fue consumada por Graciela Rodríguez, quien por determinación de la asamblea del asentamiento, se encuentra construyendo una habitación, en el patio de su domicilio, y con impotencia sólo le quedó observar sin poder hacer nada, de lo contrario correría el riesgo de que lo maten a él y a su familia.