SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1570/2012

Mario Gonzales Durán, en su publicación “Resúmenes de Jurisprudencia Constitucional” haciendo alusión al derecho al trabajo señala: “La sociedad civil organizada requiere para su desarrollo la participación directa de los que prestan sus servicios en las distintas áreas de la actividad cotidiana; por tal motivo, el trabajo no es sólo fuente de producción sino, ante todo, de subsistencia, por lo que las condiciones para su desempeño deben ser acordes, a la dignidad humana; es decir, debe y tiene que estar garantizado por el Estado, de manera que no se den situaciones de explotación alguna y tender más bien al reconocimiento del salario justo, la seguridad industrial, el seguro social y la inamovilidad laboral, salvo casos excepcionales que guarden relación con la trasgresión de normas y la realización de proceso previo ajustado a Derecho, lo que significa la imposibilidad de admitir retiros intempestivos, irreflexivos y arbitrarios”.

Respecto al extenso despliegue de la Norma Suprema con relación al derecho al trabajo, mismo que como se percibe de lo establecido en lo transcrito supra posee diversos elementos; entre ellos, el trabajo digno con salario justo, ecuánime y apacible que asegure una existencia digna; una fuente laboral estable, y la protección estatal al ejercicio del trabajo.

Con relación al derecho al trabajo la SC 1997/2010-R de 26 de octubre, reiterando lo señalado por la SC 1612/2003-R de 10 de noviembre, afirmó que: “…con relación a la garantía para la ocupación y la estabilidad laboral, que la recurrente invoca como derechos fundamentales, cabe aclarar que los mismos no son en sí mismos derechos fundamentales consagrados en la Constitución o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pues forman parte de las obligaciones positivas para el Estado que genera el derecho al trabajo, como un derecho prestacional; esto es, de un lado, que el Estado debe crear las condiciones necesarias, en el marco de sus políticas económicas y sociales, para que las personas tengan posibilidades reales de acceso al trabajo, lo que de ninguna manera puede entenderse como el derecho de la persona a exigir del Estado la provisión de un cargo o empleo; del otro, que a quienes hubiesen accedido a una ocupación o un trabajo les garantice su estabilidad proscribiendo actos arbitrarios o abusivos de los empleadores que interrumpan la relación obrero patronal sin justa causa”.