SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0007/2013

           En virtud a los principios de celeridad y al “ama qhilla” desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2, así como a la exigencia ineludible que las peticiones que involucren al derecho a la libertad sean conocidas y resueltas con la celeridad debida, dado el derecho que se trata; la SCP 0110/2012, estableció que toda solicitud de cesación a la detención preventiva debe ser resuelta en el plazo de tres días, teniendo el juez cautelar veinticuatro horas para fijar la audiencia respectiva. Así, la Sentencia Constitucional Plurinacional citada, expresó: “Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la frase 'plazo razonable', tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss. de la CPE), bajo el argumento de existencia de 'sobrecarga procesal' para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad.