SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0099/2013

De otro lado, refiriéndose a los principios procesales configuradores del amparo constitucional, determinó que el Constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad como los principios informadores y esenciales de su naturaleza jurídica, los mismos que se encuentran reconocidos en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, cuando señala que esta acción "(…) se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados", por lo que concluyó que “… la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”.

Consecuentemente, se advierte que respecto de los tres actos lesivos denunciados por la ahora accionante, no es posible otorgar la tutela solicitada en virtud de no haberse observado el principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo constitucional, situación que imposibilita un análisis de fondo de los extremos denunciados, toda vez que  si bien es evidente que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; sin embargo, este ámbito tutelar queda abierto siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela, situación que ocurre en el caso que ocupa conforme se ha demostrado.