SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1785/2013

e) La parte accionante afirma, que el artículo demandado incorpora una norma que prevé la aplicación de sanciones por ilícitos tributarios no identificados, lo que resulta contrario al principio de legalidad sancionadora, consagrado por los arts. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 116.II de la CPE, el que contiene dos garantías, una primera de orden material y alcance absoluto, que predica la necesaria existencia de preceptos jurídicos anteriores que permitan predecir con certeza las conductas infractoras; y una segunda garantía de orden formal, que exige que esos preceptos sean de rango legal. Explica que en el ámbito tributario el principio de legalidad presenta dos aplicaciones; una primera conocida como reserva de ley y la segunda de aplicación o legalidad administrativa, que comprende la regulación del hecho imponible.

En ese ámbito, concluye que el art. 148 del CTB, determina que los ilícitos tributarios son aquellos previstos en dicho Código y que el art. 160 prescribe cuáles son esos ilícitos, no existiendo en esa descripción ninguno que se asemeje al incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para obtener exención tributaria, o a la no actualización de los requisitos para ese beneficio, por lo que el art. 5 del Procedimiento de Formalización para la Exención del IUE, transgrede el principio de legalidad tributaria al sancionar una conducta no tipificada como ilícita.

Finaliza aseverando que también se afecta el derecho a la propiedad privada consagrado por las normas del art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 56.I de la CPE, siendo que las normas demandadas obligan a disposiciones patrimoniales a las personas que estaban exentas de pagar el IUE, por periodos en los que gozaban de ese privilegio.