SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1980/2013

En cuanto al estado de indefensión, la SC 0159/2004-R de 4 de febrero, establece que es el: “...estado de desconocimiento total del procesado acerca de su juzgamiento por una omisión deliberada o no del juzgador, lo que significa que, cuando el procesado acude a esta jurisdicción a fin de que se le otorgue tutela por indefensión, deberá demostrar que jamás tuvo conocimiento del proceso, sólo así podrá viabilizar su tutela de forma favorable, ya que de encontrar un elemento de convicción que asegure el criterio de este Tribunal que el recurrente tuvo conocimiento oportuno del proceso al que fue sometido, le será negada la tutela…” (las negrillas nos corresponden), aspecto que en el presente caso permitió el análisis de la acción de libertad.

Entonces, al haberse ejecutado la orden de apremio emitida por autoridad competente sin haberle nombrado un defensor de oficio a tiempo de formularse la demanda de homologación se ha causado indefensión al accionante, razón por la cual corresponde otorgarle la libertad mientras se regularice el procedimiento, ya que toda resolución debe ser de conocimiento de las partes o en su caso al desconocer el domicilio del accionante conforme al procedimiento el Juez de la causa debió nombrar un defensor de oficio que controle la regularidad del proceso; sin embargo, al no hacerlo corresponde anular el proceso hasta el vicio más antiguo; es decir, todos los actuados posteriores al Auto de 6 de diciembre de 2012, el cual dispone la homologación, pues si se le hubiera nombrado defensor de oficio al accionante, a través del mismo contaba con la posibilidad de interponer excepciones o un incidente en momento oportuno y antes de su apremio; empero, el obligado al enterarse recién de la existencia de todo el proceso en el momento de su apremio, no sólo se vulneró su derecho a la defensa sino también su derecho a la libertad. 

Por otra parte cabe precisar que la Jueza de la causa no pudo considerar el acta de buen comportamiento firmada entre el accionante y Victoria Beatriz Álvarez Barral, en la que consta como domicilio supuestamente actual del accionante, calle Pedro Vélez 38; toda vez, que ese documento no era de su conocimiento y recién ha sido presentado en obrados a momento de interponer la presente acción de libertad.