SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2068/2013

El 28 de marzo de 2013, cuando se encontraba trabajando en la provincia Punata del departamento de Cochabamba, descargando madera al frente de su camioneta marca Nissan Frontier, que se encontraba estacionada en la calle Antofagasta, al promediar la hora 13:00, dos policías de DIPROVE lo detuvieron de forma arbitraria e ilegal, siendo trasladado a la Brigada de Protección a la Familia de Punata, donde permaneció detenido durante dos horas sin que exista ningún mandamiento de detención y secuestraron su camioneta sin ningún mandamiento de secuestro, señalando que estaría involucrado en un caso de robo de motocicleta. Al llegar a dependencias de DIPROVE Cochabamba a horas 17:30, llamó a su abogado quien se hizo presente a horas 18:10 y en ese momento recién lo dejaron libre; sin embargo, su camioneta permanece secuestrada.

Teniendo conocimiento que su caso se encontraba a cargo del Fiscal Rider Revuelva Quiroga, su abogado solicitó que se le muestre el mandamiento de secuestro y no tenían ninguno, por ello considera que su camioneta fue secuestrada de forma arbitraria e ilegal por los funcionarios policiales Marco Antonio Quiroz Torrez y Marcelo Valencia Zarcillo con ayuda de Alfredo Castro Durán.

En consecuencia, el 1, 9 y 30 de abril y 2 de mayo de 2013, solicitó mediante memorial la devolución de su movilidad; empero, el Fiscal señalado, sin que exista querella en su contra trató de involucrarlo en un hecho delictivo que jamás cometió y omitiendo el cumplimiento de su rol de fiscalizar los actos de los funcionarios policiales ordenó su citación para recibir su declaración informativa y no ordenó la devolución de su camioneta, consintiendo la arbitrariedad de los efectivos policiales.

El Fiscal demandado, tan sólo a solicitud del investigador Marcelo Valencia Zarcillo, ordenó el traslado de su camioneta a otra dependencia y pese a haber presentado una serie de memoriales solicitando su devolución no obtuvo ninguna respuesta positiva, por ello presentó denuncia y queja ante la Jueza de garantías de Punata, quien le informó que no había ningún actuado en su contra y realizadas algunas averiguaciones tuvo conocimiento de que el caso estaba siendo tramitado en el Juzgado Séptimo de Instrucción del departamento de Cochabamba, por lo que se dirigió a esa repartición denunciando el abuso de autoridad del cual era sujeto; empero, sostiene que el memorial presentado demoró en despacharse más de un mes, a pesar de ello continuó insistiendo y la Jueza cautelar emitió una orden para que el Fiscal informe de los hechos suscitados, pero el mismo se negó a informar y por más de tres meses su vehículo permanece secuestrado sin orden judicial.