SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2119/2013

El derecho a la petición se encuentra normado en la Constitución Política del Estado, así el art. 24 de la CPE, sostiene que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

Respecto de los alcances del derecho de petición, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0143/2012 de 14 de mayo, estableció que a la persona que ejercita el derecho de petición, no sólo hay que proporcionarle una respuesta con la debida prontitud, ya sea positiva o negativa, sino que también la misma deberá ser de carácter formal, lo que implica que la misma sea por escrito y motivando la misma; es decir, exponer el razonamiento de la contestación más aún cuando la misma sea negativa al solicitante y con la debida base legal, así: “El derecho de petición es uno de los derechos esenciales para el acercamiento del Estado al administrado, permitiendo un relacionamiento eficaz en igualdad de condiciones, contribuyendo de esta manera a un mejor servicio público inclinado a favor del ciudadano. Ahora bien, la respuesta que proporcione, no necesariamente debe ser satisfactoria para el administrado, habrán situaciones que ameriten una respuesta negativa, sin que por aquellas se haya vulnerado éste derecho.

El universo de administrados, requiere permanentemente de contestación a su sin número de peticiones en busca de información, generando en el Estado la obligación de dar prontas respuestas, motivando las mismas y explicando así sea brevemente el porqué de la respuesta, más aún si la misma es negativa; ésta, necesariamente debe contener el porqué de la negativa, las razones de ser del rechazo y el respaldo jurídico de dicha decisión. Las entidades públicas y los servidores públicos se encuentran sometidos al principio de legalidad, razón por la cuál únicamente deben cumplir lo establecido en determinada norma jurídica, que en el presente caso devienen de una obligación de carácter constitucional”.