SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2150/2013

La Jueza ahora demandada, el 2 de abril de 2013, ordenó su detención preventiva a cumplir en el Recinto Penitenciario del “El Abra”, en mérito a la imputación formal por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y otros, previstos y sancionados por el art. 48 con relación al art. 33 inc. m) y 53 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L.1008).

El 16 del mismo mes y año, solicitó a la autoridad judicial antes señalada, el cambio del recinto penitenciario, para cumplir con la medida cautelar impuesta, pidiendo sea trasladado al “Penal de San Pablo de Quillacollo”; sin embargo, pese a que los antecedentes del proceso no demuestran su responsabilidad penal, cumple la orden de la Jueza en un recinto penitenciario donde existen personas recluidas por delitos de asesinato, quienes le amedrentarían constantemente, sufriendo inclusive agresiones físicas que pondrían en riesgo su vida; sin embargo, la autoridad judicial demandada, desconociendo su condición de ex funcionario policial, que en su momento consiguió la detención de varias personas, denegó su petición, sin emitir pronunciamiento alguno en cuanto al riesgo de su vida y su seguridad física.

A fin de obtener su libertad, solicitó copias fotostáticas del “cuaderno cautelar” y originales del acta de audiencia de medidas cautelares; empero, no obtuvo respuesta favorable, porque los funcionarios subalternos le informaron que el legajo procesal se encontraba “bajo llave”; que la autoridad judicial los había llevado a su domicilio y no se encontraban en su lugar, lo que le imposibilitó obtener los escritos de dichos actuados, lo que permitió que sus medios de defensa sean negados; por cuanto le fue imposible desvirtuar los peligros procesales que le permitan acceder a la cesación de la detención preventiva, sin poder conocer los motivos que fundaron la aplicación de la misma.