SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2193/2013
Fecha: 25-Nov-2013
Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-33/2012 de 20 de abril,
Sostiene que el 25 de abril de 2012, la Administración Aduanera, notificó a la empresa accionante y Agencia Despachante de Aduana Bruselas, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-33/2012 de 20 de abril, que declaró probado el contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012 de 4 de abril y la consolidación de la monetización de la mercancía y posterior distribución de su producto, conforme establece el art. 301 del Decreto Supremo (DS) 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del DS 0220 de 22 de julio de 2009.
Ante tal ilegalidad, interpuso recurso de alzada a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-33/2012, autoridad que emitió la Resolución de recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0259/2012 de 3 de agosto, confirmando la citada Resolución Sancionatoria emitida por la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz; razón por la cual interpuso recurso jerárquico ante la ARIT, solicitando la revocatoria de la Resolución impugnada; en ese sentido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), pronunció la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1050/2012 de 5 de noviembre, que dispuso revocar totalmente la Resolución de recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0259/2012, correspondiendo dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-33/2012.
Concluye señalando que, a pesar de que la Resolución del recurso jerárquico dio por concluido el proceso administrativo por no existir ilícito aduanero, el Administrador de la Aduana Interior Santa Cruz -hoy autoridad demandada-, el 8 de marzo de 2013, resolviendo nuevamente sobre el mismo proceso, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-124/2013, por los mismos hechos, contra las mismas personas y con los mismos fundamentos de la resolución revocada, declarando probaba la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra la empresa accionante y Agencia Despachante de Aduana Bruselas, disponiendo el comiso definitivo de la totalidad de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI 29/2012.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-33/2012 de 20 de abril,
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- concedió
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. Marco normativo y jurisprudencial sobre los medios de impugnación en materia aduanera
- 2. Las resoluciones sancionatorias.
- las vías de impugnación administrativa expiran con la resolución del jerárquico, y por tanto, el proceso contencioso administrativo no corresponde ser incluido dentro de las impugnaciones
- Se establece que la resolución administrativa dictada por el Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la vía administrativa
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- la garantía de prohibición de doble sanción por un mismo hecho
- respecto al debido proceso, la amplia jurisprudencia constitucional desarrollada, indica que es de aplicación inmediata, vinculante a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal
- III.4. Sobre el principio de legalidad en materia administrativa
- El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa;
- implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental,
- III.6. Sobre el principio de “non bis in ídem” y su aplicación en el ámbito administrativo
- …El principio non bis in idem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos.
- sino que también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa,
- III.7. Análisis del caso concreto
- …recomendando a la mencionada Administración Aduanera emita a la brevedad, Resolución debidamente fundamentada, que de por concluida la etapa del sumario contravencional
- …habiendo realizado un análisis integral de todo el expediente administrativo en sus diferentes fases y tomando en consideración los fundamentos técnicos legales establecidos en la Resolución de Alzada y Resolución del Recurso Jerárquico…
- agota la vía administrativa, abriendo la posibilidad al sujeto pasivo a la impugnación, por medio del proceso contencioso administrativo, siendo una vía judicial y no administrativa, diferente de la primera, toda vez que las vías recursivas, expiran con la resolución del recurso jerárquico.
- empero, dicha labor de revisión y compulsa de todos los antecedentes que hacen al proceso administrativo instaurado contra la empresa accionante, ya fue ejercida por la Directora Ejecutiva de la AGIT, en uso de su competencia, atribuciones y funciones que se hallan establecidas por la Constitución Política del Estado a través del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, el Código Tributario Boliviano, la Ley 3092, y demás normas establecidas.
- se ha vulnerado el derecho que tiene la parte accionante a no ser procesado más de una vez por el mismo hecho, establecido como un principio constitucional no sólo aplicable en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo; lo cual ha generado un doble juzgamiento y la imposición de una doble sanción administrativa por parte de la autoridad demandada, existiendo ya una resolución que dio por finalizado el proceso administrativo instaurado contra la empresa accionante, no es posible que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos
- CONFIRMAR en todo