SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0139/2013

Por otra parte, en relación a la inconstitucionalidad por omisión absoluta, la Sentencia C-543/96 de 16 de octubre de 1996, ya había referido que: “La acción pública de inconstitucionalidad si bien permite realizar un control más o menos extenso de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales. (...)  Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad, es evaluar si el legislador al actuar, ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón, hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación, no hay acto  qué comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”; ahondando más al respecto, la Sentencia C-489/12 de 27 de junio de 2012, ha señalado que: “…ante la ausencia total de legislación la Corte debe emitir en este caso un fallo inhibitorio porque como quedó dicho desde la Sentencia C- 073 de 1996, la acción pública de inconstitucionalidad no puede entablarse contra una norma jurídica 'por lo que en ella no se expresa', sino que tiene lugar únicamente, 'respecto del contenido normativo de la disposición acusada'. Es decir que si el legislador genéricamente ha omitido un deber de regulación constitucional, no ha habido una actuación de parte de éste, no hay acto qué comparar y por ende la Corte carece de competencia para realizar dicho control” (las negrillas nos pertenecen).