Sentencia: 0061/2013-L

           Los niños, niñas y adolescentes conforme prevé el art. 58 de la CPE, son titulares de todos estos y otros derechos; es decir, el constituyente instituyó que con carácter preferente los menores sean privilegiados en la aplicación de ellos, tal argumentación permite sostener que, principalmente los administradores de la justicia, a momento de aplicar e interpretar las normas -en aquellos casos donde estén comprometidos intereses de menores- deben hacerlo en la medida que les sea lo más favorable y menos gravoso posible para ellos; dicha comprensión se extrae de la misma Norma Suprema, cuando el art. 60, instituye: 'Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado'.

           En concreto, los valores, principios y derechos reconocidos en la Norma Suprema, deben aplicarse con preferencia en favor de los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe tomar mecanismos apropiados que signifiquen una efectiva garantía para el 'vivir bien' de los menores. En ese sentido, los administradores de la justicia inexcusablemente deben velar y proteger los intereses de los menores, ello significa que a momento de interpretar o aplicar la norma, deben inclinarse por lo más favorable para la garantía de los derechos reconocidos a favor de los niños, niñas y adolescentes” (las negrillas me pertenecen).

Por lo expuesto, se concluye que el cumplimiento de la asistencia familiar es un deber civil y moral, donde los padres no tienen la posibilidad de excusarse de su cumplimiento a favor de sus hijos, en razón a ser un grupo vulnerable que merece la protección constitucional de sus instituciones creadas, de ahí que los administradores de justicia, a momento de aplicar e interpretar las normas legales donde están comprometidos los intereses de los menores, deben hacerlo de la manera más favorable posible y menos gravoso para ellos, tomando en cuenta siempre el interés superior del niño.