SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0124/2013-L

A partir de los arts. 180.I y 113.I la Norma Suprema, asume una visión de eficacia y protección a la víctima, en atención a lo cual deben desarrollarse, la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los derechos humanos, conforme pregonan los instrumentos legales de derecho internacionales. Así en la ponderación de bienes superiores, se contraponen dos criterios de protección: 1) Los derechos de la víctima, al acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño; y 2) El derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Bajo esa concepción, la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T-190/95, sostuvo: “DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA- Efectividad. “El acceso a la administración de justicia, no debe entenderse en un sentido puramente formal, en cuya virtud pueda una persona acudir a los tribunales, sino que radica sobre todo en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera resolución -ya sea por la vía activa, o por la pasiva- la obtenga oportunamente.

PRINCIPIO DE EFICIENCIA/MORA JUDICIAL- Carga laboral. Para la Corte es claro que la eficiencia, cuya consagración se manifiesta en el artículo 228 de la Carta cuando impone el cumplimiento de los términos procesales, constituye principio de ineludible acatamiento por parte de los jueces y fiscales, so pena de las sanciones legales por la falta disciplinaria en que incurren cuando los desconozcan, lo cual tiene por finalidad específica la de obtener prontitud y calidad en la impartición de justicia. Los funcionarios judiciales no pueden, por vía general, esquivar la responsabilidad que les cabe por la inobservancia de los términos, escudándose apenas en la disculpa de la congestión de trabajo, debido al número de procesos en curso.”