SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0232/2013

El abogado y apoderado en representación del Ministerio de Educación, autoridad demandada en la presente acción, en audiencia señaló lo siguiente: 1) Que, el procedimiento de ratificación contempla una serie de requisitos, observados por el accionante en representación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses “INCIF”, mediante memorial donde señala cual será su domicilio de notificaciones al que habrá que sujetarse para conocer cualesquier providencia dentro el radio urbano asiento de la sede del respectivo órgano o entidad administrativa como es el Ministerio de Educación, ubicado en la ciudad de La Paz, av. Arce, según indica el art. 46 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo; si no constituyese domicilio especial, se estará a lo dispuesto en la parte final del art. 43 del citado reglamento que señala que las notificaciones a los administrados que no constituyan domicilio a los efectos del procedimiento, se practicarán en la Secretaría o en la oficina señalada por la autoridad del órgano y entidad administrativa; extremo cumplido a través de la notificación con la RA 0030/2011, el 18 de agosto de 2011; 2) Se ha dado cumplimiento con el principio de legalidad que rige el derecho administrativo, debiendo tomarse en cuenta que a partir del 19 de agosto, el accionante tenía diez días para interponer recurso de revocatoria, con la obligación de verificar cada lunes y jueves si se había cumplido la notificación con dicha Resolución, no siendo culpa del Ministerio de Educación el haber dejado correr el plazo y los diez días hábiles para interponerlo; 3) El accionante manifiesta que habría sobrepasado abundantemente el plazo para emitir una Resolución dentro el procedimiento de ratificación al que se sometió, de ser así, era su obligación hacer valer su derecho subjetivo a través de los recursos que establece la norma en su momento; y, 4) El Ministerio de Educación tiene la obligación de velar porque todo el sistema educativo entre ellas las Universidades como es la UNIPOL, mantengan equilibrio; por ello, se ha pedido informe a dicha Universidad, informes que no necesitan ser notificados a la otra parte, porque son actos preparatorios; por otra parte, la Resolución 0030/2011 debió haber sido impugnado dentro el plazo por el accionante o en su caso, debió considerarse el silencio administrativo, que también debió ser impugnado y que recién es observado; debiendo tener en cuenta además que se ha respondido al recurso de revocatoria, habiéndose interpuesto posteriormente recurso jerárquico que fue resuelto por el Ministerio de Educación, desestimándolo por ser extemporáneo; además el accionante solicita la suspensión de la ejecución de la RA 0030/2011 es decir, que está aceptando y consintiendo todo el procedimiento iniciado a raíz de la solicitud de ratificación, en ese sentido no se ha cumplido con el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), teniendo dos oportunidades para interponer recurso de revocatoria, no lo ha hecho, solicitando en definitiva que se rechace la presente acción.

1. Se autorizó el funcionamiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses “INCIF”, a través de la RA 260/2005, teniendo su domicilio en la ciudad de Cochabamba; la mencionada Resolución Administrativa tendría una duración de cinco años, debiendo tramitarse la respectiva renovación a la conclusión de dicho plazo.