SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0265/2013

La presente garantía jurisdiccional tiene su fundamento en las diferentes disposiciones normativas de orden internacional, como es la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, conforme estipula el art. 410 de la CPE. Por ser un mecanismo de defensa constitucional, se distingue por su carácter preventivo, correctivo y reparador, regido bajo el principio de generalidad, lo cual implica que es posible interponerla contra cualquier persona, sea autoridad pública o persona particular; es decir, no reconoce fueros ni privilegios.

Esta acción de naturaleza constitucional, está prevista en los arts. 46 y siguientes del Código Procesal Constitucional (CPCo), cuyas normas guardan concordancia con el art. 125 de la CPE, cuyo tenor literal señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Entonces, se constituye en el instrumento más apropiado en la protección de los derechos antes referidos, a cuyo efecto, su desenvolvimiento debe caracterizarse por la celeridad, oportunidad y eficacia, lo cual implica que, la tutela impetrada debe ser otorgada de manera rápida, oportuna y eficaz, previa comprobación de las vulneraciones alegadas; sin embargo, ello no supone que todas las vulneraciones de los derechos antes señalados tengan que ser reparadas de manera exclusiva y excluyente, sino que, con carácter excepcional opera el principio de subsidiariedad, lo que exige al agraviado, agotar los mecanismos ordinarios o intraprocesales, entre tanto por su misma naturaleza sean idóneos, oportunos y rápidos en la protección de los derechos presuntamente lesionados; empero, si pese a ello persiste la lesión, se encuentra plenamente habilitado para activar la jurisdicción constitucional.