SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0419/2013

Uno de los mecanismos de defensa jurisdiccional, es la acción de amparo constitucional, que de acuerdo al art. 128 de la CPE: “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; instituyéndola,  como el medio idóneo y efectivo para activar la jurisdicción constitucional a efectos de lograr el restablecimiento inmediato de sus derechos frente a actos ilegales u omisiones indebidas que los vulneren o los amenacen. La configuración procesal, establecida en el art. 129.I de la CPE, la define como una acción sumaria e inmediata, dado que se establece un procedimiento sencillo y rápido para el pronto restablecimiento del derecho conculcado, no reconociendo fueros ni privilegios, en el entendido que puede ser interpuesta contra cualquier servidor público, persona particular o colectiva.

La activación de la protección que brinda está supeditada al cumplimiento de dos principios esenciales que hacen a su naturaleza jurídica, de subsidiariedad e inmediatez. El primero, entendido como la inexistencia de otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías; advirtiendo, que no se constituye en un medio alternativo u optativo de otras instancias o recursos legales, dado que su finalidad es el restablecimiento inmediato y efectivo del derecho conculcado por actos u omisiones de servidores públicos o de persona individual o colectiva y no de constituirse en un medio alternativo u optativo de otras instancias. En ese sentido, el art. 54.IyII. del Código Procesal Constitucional (CPCo), restringe la procedencia de esta acción cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; empero, prevé situaciones excepcionales que permiten prescindir de dicho principio, cuando, previa justificación fundada.

“1.  Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata.