SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2013

Dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato seguido por Ignacio Salazar Tórrez contra María Eugenia Landívar Aguilera, Víctor Castro Flores y Genaro Castro Campos -ahora accionante- éste, el 26 de octubre de 2009, suscitó incidente de nulidad de obrados por notificaciones viciadas, que fue rechazado por el Juez a quo a través de Auto de 6 de marzo de 2010, con el argumento de que ya había pronunciado resolución y que por lo tanto, no tenía competencia para anular su propio fallo.

Contra dicha resolución y su Auto complementario de 24 de marzo de 2010, planteó apelación, siendo resuelto por Auto de Vista de 20 de enero de 2012 y su complementario de 17 de febrero de igual año, confirmando los autos impugnados señalando que no obstante de ser notificado en domicilio equivocado, el incidente de nulidad resultaba improcedente porque había sido convalidado por el transcurso del tiempo; que operó el principio de preclusión procesal y las notificaciones reclamadas no le provocaban perjuicio irreparable porque no expresó en que le perjudicaba ni qué medio de defensa le había sido privado; y  en el proceso sólo faltaba dictar resolución; que no cumplió con su obligación de acudir al juzgado los martes y viernes a efecto de tomar conocimiento de las actuaciones de proceso.

2009, por falta de notificación legal con el fallo, que fue resuelto por Auto de 6 de marzo de 2010, en el que el Juez a quo se limitó a anular la notificación a su persona porque fue realizada en domicilio equivocado; empero, no dispuso que ejecutoriada tal determinación se practique nueva notificación con la resolución, situación que fue motivo de una solicitud de complementación y luego de una apelación que culminó con el Auto de Vista de 20 de enero de 2012 y su complementario de 17 de febrero del mismo año.

Señala que la notificación en el domicilio equivocado constituye vicio de nulidad y el hecho de que se hubiera pronunciado resolución no convalidaba los actos viciados anteriores a éste porque tales eran inexistentes conforme dispone la SC 1214/2005-R de 3 de octubre y debe ser declarada nula como lo entendió la SC 1196/2010-R de 6 de septiembre.

Refiere que el perjuicio ocasionado con las notificaciones viciadas de nulidad, incidieron en el hecho de que objetó las pruebas presentadas por la parte actora del proceso de nulidad de contrato y otras el 11 de octubre de 2006 y pidió ser rechazadas, mereciendo la providencia de “Traslado” de 12 del referido mes y año y después de la tardía absolución del traslado el 1 de agosto de 2009, el Juez rechazó su petición expresando que dicha prueba sería considerada en sentencia y dictó “Autos para Sentencia”, empero, dicho Auto de 1 de agosto de 2009, no fue notificado a ninguna de las partes y por tanto no está ejecutoriado, no dándole oportunidad de impugnarlo, cuando contiene determinaciones contrarias a sus intereses.