SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0287/2013-L
Fecha: 03-May-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La accionante señala que ingresó como socia de la Sociedad Mutual “Felipe Leonor Ribera Leygue” el 16 de mayo de 1996, contando con quince años de antigüedad al momento de presentar esta acción de defensa, en cuyo lapso de tiempo, refiere que efectuó labores significativas a favor de la referida sociedad.
Señala que, conforme al Estatuto Orgánico de dicha Sociedad, debió instaurarse un proceso en su contra, y la nota que conoció el 13 de diciembre de 2010, adquiere la calidad de resolución final o sentencia, pero sin haber seguido un procedimiento conforme a derecho, por lo que los miembros del Directorio, así como de la Comisión de Justicia de la Sociedad Mutual “Felipe Leonor Ribera Leygue”, le privaron de sus derechos constitucionales al restringirle su derecho a la defensa.
Refiere que, se presentó una nota (no indica fecha) de solicitud al Presidente y miembros del Directorio de la mencionada Sociedad, de petición de consideración a una “consocia especial”; el 18 de enero de 2011, solicitó fotocopias y certificaciones al Presidente y miembros del Directorio de la mencionada Sociedad, que no fue respondida; el 2 de febrero de dicho año, mediante nota de la misma fecha, solicitó al Presidente y Directorio de la Federación de Sociedades Mutuales de Santa Cruz, fotocopias legalizadas, certificaciones y se deje sin efecto la expulsión dispuesta en su contra, así como se le proporcione la documentación por la que se asumió dicha medida (no señala si se atendió o no la petición); de igual manera, mediante nota de 13 de igual mes y año, dirigida al Presidente y Directorio de la Confederación Boliviana de Sociedades Mutuales de Bolivia, hizo conocer su ilegal e inconstitucional expulsión de la sociedad y el procedimiento que se siguió para dicha determinación, por lo cual indica que en relación al principio de subsidiariedad no existe otra vía como es la presente acción de amparo constitucional puesto que acudió y agotó todas las instancias permitidas y en relación al “principio de inmediatez, que se tiene para evitar futuros daños que pudieren cometerse”.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- 3)
- i)
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2. Mediante nota de 13 de diciembre de 2010, dirigida a la ahora accionante,
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- Las disposiciones de la Constitución Política del Estado, al ser la norma fundamental y fundamentadora de un Estado, son vinculantes para la conformación del sistema jurídico del país; en consecuencia, todas las normas inferiores deben adecuarse a lo prescrito por ella
- los preceptos de una Ley Fundamental al entrar en vigencia,
- El debido proceso, es el derecho de toda persona a un proceso justo, ante el juez natural previamente determinado, proceso que deberá ser llevado a cabo sin dilaciones de una manera equitativa a procesos instaurados a sus pares, dentro del cual se garantice al administrado o procesado la certeza de una notificación con la totalidad de la sindicación a efectos de una defensa efectiva, permitiendo ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia
- un elemento esencial del debido proceso
- i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal
- III.5. El derecho a la dignidad
- el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan»
- La dignidad personal, implica reconocer al otro como otro yo, y al Estado, le corresponde reconocer, garantizar y promover la dignidad y los derechos humanos, desechando los obstáculos que se oponen a ello, su acatamiento es la base del Estado de Derecho. Definir la dignidad de la persona no es posible, sólo podemos apreciar su vulneración, la que se concreta cuando se perturba, amenaza o priva de los derechos esenciales a la persona, o se denigra o humilla, cada vez que se discrimina. De esta forma, la dignidad de la persona, constituye una realidad ontológica constitucional, siendo la esencia y fundamento de los derechos humanos
- III.6. El derecho de petición
- III.7. De la seguridad jurídica
- Fragmento 25
- “i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE”
- “…la dignidad de la persona, constituye una realidad ontológica constitucional, siendo la esencia y fundamento de los derechos humanos…”