SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0343/2013-L

Señala que el 6 de junio de 2011, solicitó cesación a la detención preventiva, considerando su minoría de edad -hasta ese entonces- y la acreditación de nuevos elementos, amparándose en el art. 231 del Código Niño Niña y Adolescente (CNNA), puesto que no podría imponérsele una medida de detención preventiva por más de cuarenta y cinco días; y, hasta la fecha de la audiencia -6 de julio de 2011-, transcurrieron cincuenta y tres días, por lo que de oficio debía revertirse esta medida al ser un menor de edad y al existir un informe del Director del Penal de no tener una sección especial. Solicitud que fue rechazada refiriendo que el Código Niño Niña y Adolescente es aplicable a menores de dieciséis años y de acuerdo al art. 5 del Código Penal (CP), son imputables a partir de esa edad.

Manifiesta que apeló la Resolución 252/2011 de 6 de julio, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, y que la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz refiriéndose “sobre la aplicación del art. 233 parte in fine del CNNA bajo el principio de la ley especial rige la ley general” (sic) confirmó el rechazo con el argumento que el Tribunal de apelación no podría pronunciarse sobre el mismo asunto por haber sido ya valorado, negando en consecuencia su competencia para revisar los actos del Juez a quo.

Agrega que el trámite de la petición de cesación a su detención preventiva comenzó el 6 de junio de 2011, dilatándose dos meses y once días, porque las tres audiencias de 17, 22 y 30 de junio del mismo año fueron suspendidas sin fundamento legal y por negligencia del Juez cautelar. En la fase de apelación se suspendió en dos oportunidades sin justificativo alguno vulnerándose el derecho al debido proceso en cuanto a la celeridad en la tramitación de la cesación a la detención preventiva.