SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0386/2013-L

                     En el ámbito judicial para contradecir o refutar las decisiones jurisdiccionales se emplea el término recurso; y, en sede administrativa se denomina impugnación, institutos jurídicos que fueron diseñados por el legislador para materializar la tutela efectiva. Roberto Dromi, con propiedad, indica: “…a través de la impugnación se intenta restablecer la legalidad administrativa cuando ella ha sido violada u obtener su restablecimiento, conjugándola con la observancia de las situaciones jurídicas subjetivas particulares (…). La impugnación administrativa es, en general, requisito previo a la impugnación judicial, pues deben haberse agotado todas las instancias administrativas para poder acceder a la acción procesal”.

                         Un elemento de transcendental importancia en el ámbito jurídico es sin duda el petitorio pues en el ámbito procesal delimita el accionar de las autoridades judiciales o administrativas que están obligadas a resolver los recursos o impugnaciones conforme a lo solicitado, caso contrario se produce una decisión ultra o infra petita. Sin embargo, debido a que existe una estrecha relación con el derecho de petición corresponde diferenciarla.

                         David Cienfuegos Salgado, manifiesta: “En el recurso administrativo se pretende anular o modificar los actos administrativos, es decir, impugnarlo, con la petición lo que se busca es provocarlos o producirlos”, criterio que es compartido por este Tribunal. Además es necesario expresar que en toda impugnación existe una petición; empero, no toda petición involucra una impugnación. El recurso de impugnación surge contra la decisión de la administración pública o dentro de un proceso iniciado, en cambio el derecho de petición no requiere la existencia de un proceso.