En revisión la Resolución 74/013 de 13 de marzo de 2013, cursante de fs. 291 a 295, pronunciada dentro de la

En el presente caso, de los datos del proceso, se tiene que el acto considerado como lesivo, es la RA 311/2011, emitida por el Plenario del Consejo de la Judicatura, conformado por los ex-Consejeros Said Enrique Cortez Romero, Freddy Torrico Zambrana y Amalia Morales Rondo, confirmando en su totalidad la Sentencia Disciplinaria 01/2011, emitida por el Tribunal Sumariante, por el cual, se determinó la sanción disciplinaria de destitución del cargo de Secretario del Juzgado Primero de Partido de Familia del departamento de Cochabamba del ahora accionante, y la notificación con dicha Resolución el 21 de agosto de 2012; en ese sentido, son estas personas las presuntas agraviantes quienes emitieron el acto ahora impugnado mediante la presente acción constitucional.

Sin embargo de ello, el accionante no formuló correctamente la legitimación pasiva en el memorial de acción de amparo constitucional, mismo que fue observado por el Tribunal de garantías, para que pueda subsanar las omisiones de conformidad al art. 33.2 CPCo, otorgando el plazo de tres días a partir de su notificación en cumplimiento al art. 30 del referido Código. En el memorial de subsanación, el accionante, por el cambio de autoridades que hubo en el Consejo de la Judicatura -ahora Magistratura- dirige su acción contra Cristina Mamani Aguilar, Ernesto Araníbar Zagárnaga, Wilma Mamani Cruz y Roger Triveño Herbas, Presidenta y Consejeros de dicha institución, sin tomar en cuenta que Ernesto Araníbar Zagárnaga, falleció el 8 de septiembre de 2012, designándose como su reemplazante a Wilber Choque Cruz, con su respectivo credencial, ejerciendo el cargo desde el 14 de septiembre de ese año, con todas las obligaciones y prerrogativas emergente de dicho cargo, y que debió ser demandado en la presente acción de amparo, para que esta autoridad asuma su defensa; por otra parte, tampoco se demandó al Consejero Freddy Sanabria Taboada, quien conforma el Pleno del Consejo de la Magistratura, esto, a partir del referido acuerdo 28/2012, son cuatro magistrados quienes intervienen en alzada dentro de los procesos disciplinarios y en caso de empate, es la presidenta quien dirime, de ahí la importancia de la legitimidad pasiva.