SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0476/2013-L

-sereno-, en el interior de un puesto de venta ubicado en el mercado campesino de esa localidad e inmediatamente conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en calidad de aprehendido; la declaración informativa del mencionado denunciante, refiere que cuando se encontraba vigilando pudo ver que el ahora accionante “venia” y levantando una carpa se entró a un puesto de venta; y, según el informe de 13 de septiembre de 2011, emitido por Gabriel Mamami Chino, funcionario policial asignado al caso, relató que el accionante ingreso al referido puesto de venta con la intención de sustraer objetos que se encontraban en el mismo.

El Ministerio Público presentó imputación formal, en base a los hechos precedentemente mencionados, calificado provisionalmente como presunto “delito de robo en el grado de tentativa”, tipificado en el art. 331 con relación al art. 8, ambos del Código Penal (CP), afirmando que ese fue el motivo por el cual se aplicó la medida de detención preventiva; la misma que fue impugnada en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, por contener el mismo fundamento que la calificación provisional, hecho que representó una lesión a los principio de legalidad, de certeza y de seguridad jurídica, toda vez que no existe concordancia entre el hecho concreto y el tipo penal. Asimismo el representante del Ministerio Público incumplió lo señalado por los arts. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 45.7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), ya que se abocó a describir los hechos y solicitar la detención preventiva. No obstante que la Jueza advertida de esos extremos de manera arbitraria y en desconocimiento total de lo señalado en el art. 54 inc.1) del CPP, concordante con el art. 279 del mismo cuerpo legal, que establece que los jueces de instrucción en lo penal, entre sus atribuciones ejercen el control jurisdiccional de la investigación, de lo que se infiere que la autoridad demandada estaba facultada para observar que tanto el Fiscal de Materia, como la Policía Boliviana actúen dentro del marco de la legalidad, respetando los derechos y garantías fundamentales; por el contrario, rechazó dichos reclamos ordenando su detención preventiva.