SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0595/2013-L

En el anterior régimen constitucional se estableció que la seguridad jurídica era un derecho fundamental; sin embargo, a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, se encuentra establecida en la normativa constitucional como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia (art. 178 de la CPE). En este sentido, el principio de seguridad jurídica ya no es objeto de tutela a través de la acción de amparo constitucional cuyo fin es dar protección a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado boliviano y la ley. Así se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, como en la SC 0096/2010-R de 4 de mayo; por este motivo las alegaciones referidas al principio de seguridad jurídica por el accionante no pueden ser atendidas dentro de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.