SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0680/2013

c) El caso objeto de análisis, por sus antecedentes, se encuentra dentro de las causas de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento; pues, al existir una “supuesta” vulneración de derechos fundamentales, dentro de un proceso administrativo, en el cual existen partes procesales con un interés concreto, no es posible activar la acción de cumplimiento; toda vez que, en estos casos la acción de amparo constitucional, es el medio idóneo y eficaz para restituir posibles derechos afectados.

Debe advertirse que, tal como desarrolló la jurisprudencia prevista en la ya citada SCP 0862/2012, la tutela de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la acción de cumplimiento, se da de manera indirecta; vale decir que, cuando su vulneración sea el resultado directo de una omisión o renuencia ilegal de un servidor público a cumplir un deber imperativamente impuesto por la Norma Suprema o las leyes; pues, para los casos de restricción o supresión ilegal o indebida de los derechos fundamentales y garantías constitucionales por acciones u omisiones de las autoridades públicas o de particulares, está prevista la acción de amparo constitucional, la misma que no puede ser sustituida por la presente acción.

Por lo que, al ser el amparo constitucional el medio idóneo para lograr el restablecimiento de los derechos supuestamente vulnerados del accionante, el presente caso se encuentra previsto dentro de las causales de improcedencia de la acción de cumplimiento, fijadas en el art. 66.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

En consecuencia, por todo lo expresado precedentemente, al no haber cumplido el accionante con todos los requisitos indispensables exigidos para la procedencia de la acción de cumplimiento; y al no ser la situación planteada por el mismo, susceptible de protección a través de esta vía constitucional; corresponde a este Tribunal declarar su improcedencia.